el laissez-faire

El economista estadounidense William Baumol distingue entre empresariado productivo, improductivo y destructivo. A la economía estándar no le resulta fácil entender esto porque su “individualismo metodológico” ha descartado el interés público nacional como categoría; como dijo tan elocuentemente Margaret Thacher, “no existe la sociedad, sólo los individuos”. A diferencia de la economía inglesa, no obstante, la economía continental europea ha mantenido en general el interés nacional como una categoría propia.

Aunque las consecuencias no pretendidas se presentan a menudo como un argumento en favor del laissez-faire, en la tradición predominante en la economía continental europea la comprensión de tales consecuencias se convirtió en un instrumento de la política económica ilustrada. Se puede argumentar que la política de industrialización de Enrique VII en Inglaterra, a partir de 1485, fue en parte consecuencia del crecimiento de la industria lanera como efecto no pretendido de las tasas impuestas -por razones de recaudación- por su predecesor Eduardo III, sólo que lo que antes había sido una consecuencia no pretendida se convirtió ahora en el objetivo clave de la política de Enrique VII. De hecho, el doble efecto fortuito de las tasas -proporcionar ingresos al Tesoro al tiempo que consolidaban la industria- fue siempre extremadamente importante; también fue así en Estados Unidos, y todavía lo es particularmente en países pequeños.

La primera política industrial deliberada de la historia a gran escala se basó en la observación de lo que había enriquecido a las áreas más ricas de Europa: que el desarrollo tecnológico en determinado campo y en una zona geográfica restringida podía extender la riqueza a toda la nación. El rey Enrique VII de Inglaterra, que llegó al poder en 1485, había pasado su infancia y juventud con una tía en Borgoña, lo que le permitió observar la gran riqueza existente en un área con una gran producción de tejidos de lana. Tanto la lana como el material utilizado para limpiarla (el silicato de aluminio) se importaban de Inglaterra. Cuando Enrique VII se hizo cargo de su pobre reino, que había vendido por adelantado la futura producción de lana durante varios años a banqueros italianos, recordó su adolescencia en el continente. En Borgoña no sólo los productores textiles, sino también otros artesanos y por supuesto los banqueros, vivían en la opulencia. Enrique concluyó que Inglaterra estaba siguiendo un camino equivocado, y decidió un plan para convertir a Inglaterra en un país productor de tejidos acabados, en lugar de exportar su principal materia prima.

Enrique VII creó abundantes instrumentos de política económica. El primero y más importante eran las tasas a la exportación, que aseguraban que los productores extranjeros de tejidos tuvieran que procesar primas más caras que sus homólogos ingleses. A las fábricas de paño recién establecidas se les garantizó también una exención de impuestos temporal y se concedieron monopolios en ciertas áreas geográficas y durante ciertos periodos. También se incentivó la incorporación de artesanos y empresarios del extranjero, especialmente holandeses e italianos. A medida que crecía la capacidad de producción de paño también se elevaban las tasas a la exportación de lana cruda, hasta que Inglaterra tuvo suficiente capacidad como para procesar toda la lana que producía. Más tarde, unos cien años después, Isabel I decretó un embargo sobre todas las exportaciones de lana cruda desde Inglaterra. En el siglo XVIII Daniel Defoe y otros historiadores constataron la sabiduría de aquella decisión estratégica, a la que denominaron “plan Tudor” por los reyes y reinas de aquella familia. Como Venecia y Holanda, y por los mismos métodos, Inglaterra había adquirido la misma renta triple: un fuerte sector industrial, el monopolio de determinada materia prima (la lana), y el comercio a la rga distancia.

Varios historiadores ingleses señalan que el plan industrial de los Tudor fue el fundamento real de la posterior grandeza de Inglaterra. En el continente ese plan iba a tener importantes consecuencias. Florencia fue una de las ciudades-Estado más duramente golpeadas por la competencia inglesa. Los florentinos trataron de contrarrestarla comprando lana española y reconvirtiendo en parte la producción de paño en la de tejidos de seda, pero la política inglesa tuvo tanto éxito que la edad dorada de Florencia quedó atrás definitivamente.

 

Los productores de lana de Castilla eran los principales competidores de los ingleses como productores de la materia prima y en 1695 el economista inglés John Cary sugirió que Inglaterra debía comprar toda la lana española existente en el mercado para quemarla. Inglaterra no tenía capacidad suficiente para procesar aquella lana, pero su retirada del mercado reforzaría el poder de mercado inglés:

Podríamos promover un contrato con los españoles por toda (la lana) que tienen; y si se objeta que entonces tendríamos demasiada, mejor sería quemar el exceso a expensas del público (como hacen los holandeses con sus especias) que tenerla estorbando en el extranjero, algo que no podemos evitar de otra forma, ya que toda la lana europea se manufactura en algún lugar.”

 

La guerra comercial era en realidad una contienda por la capacidad de llevar a cabo las actividades que proporcionaban los beneficios y los salarios más altos y de las que se podían extraer más impuestos. Para todos los participantes estaba claro que la política comercial era, de hecho, “la guerra por otros medios”.

Durante varios siglos la política comercial europea se basó en el principio de maximizar los sectores industriales de cada país y al mismo tiempo tratar de perjudicar los de los vecinos. Como dijo el economista alemán Friedrich List en 1841: durante varios siglos la política económica de Inglaterra se basó en una regla muy simple: importación de materias primas y exportación de productos industriales. Para ser ricos, países, como Inglaterra y Francia tuvieron que emular las estructuras económicas de Venecia y Holanda, pero no necesariamente su política económica. Los países ya ricos podían permitirse una política muy diferente a la de los países todavía pobres. De hecho, una vez que un país se había industrializado sólidamente, los mismos factores que requerían una protección inicial -conseguir rendimientos crecientes y adquirir nuevas tecnologías- ahora requerían más mercados internacionales y más grandes para desarrollarse y prosperar. La protección industrial lleva consigo la semilla de su propia destrucción: cuando tiene éxito, la protección que se requirió inicialmente se hace contraproducente. Como decía un anónimo viajero italiano acerca de Holanda en 1786: “Los aranceles son tan útiles para introducir las artes (esto es, la industria) en un país, como dañinos son una vez que éstas se han establecido”. Ahí está la clave para entender como un proceso el establecimiento del libre comercio. Una vez más, esa enseñanza se ha olvidado en la teoría económica que actualmente se aplica en muchos países del mundo.

Ésos son los mecanismos que pueden sacar a un país de la pobreza o hundirlo aún más en ella, y hay que afrontarlos con políticas económicas adecuadas. Abramovitz se refería a todo ese conjunto de problemas como las “capacidades organizativas” de un país. El hecho de que los países pobres, en particular aquellos en los que la ausencia de rendimientos crecientes da lugar a un juego económico de suma cero, tengan también la menor capacidad organizativa es una parte importante del sistema de círculos viciosos entrelazados. En general, cuanto peor es la situación menos probable es que los vientos del mercado soplen en una dirección favorable.

Lo que he argumentado en este libro es que, atendiendo a la historia, la única forma de romper esos círculos viciosos es atacando el problema mediante un cambio en la propia estructura productiva. Esto requiere a veces medidas políticas muy serias, y el Tercer Mundo necesita recuperar el tipo de debate económico que dominó la Europa del siglo XIX desde Italia hasta Noruega. La cuestión no era si el continente debía seguir o no la vía inglesa a la industrialización -la respuesta era obviamente afirmativa- sino la división de responsabilidades entre el Estado y el sector privado en ese proceso.


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